El abogado Antonio Camacho pide suspender el procedimiento y que declare el codirector de la cátedra, hasta ahora no citado
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes un recurso de reforma contra la convocatoria de la audiencia preliminar fijada para el 9 de junio, paso previo al posible juicio con jurado popular por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.
El recurso, presentado por el letrado Antonio Camacho y al que ha tenido acceso RTVE.es, solicita la suspensión del procedimiento hasta que la Audiencia Provincial resuelva los recursos pendientes contra la continuación de la causa.
«Velocidad de crucero» incompatible con las garantías procesales
Camacho critica que el juez instructor Juan Carlos Peinado haya impuesto «una velocidad de crucero» en el proceso, algo que considera «absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal en un Estado democrático». En su escrito, afirma que el juez parece tener «excesiva prisa en finalizar el procedimiento» y en sentar a su representada en el banquillo de los acusados.
El abogado denuncia además que el instructor ha denegado «la práctica totalidad» de las diligencias solicitadas por la defensa y que las pocas admitidas lo fueron por decisión de la Audiencia Provincial, tras los correspondientes recursos. Entre lo denegado, destaca la ratificación de tres informes periciales que la defensa necesitaba para rebatir, en el acto procesal correspondiente, tres de los ejes centrales de la acusación.
Según Camacho, esto supone una «quiebra del principio de igualdad de armas», dado que las acusaciones sí contarán con sus propios informes periciales.
La defensa pide que declare el codirector de la cátedra
La representación legal de Gómez solicita también que sea admitida la declaración de José Manuel Ruano, codirector de la cátedra que Begoña Gómez dirigía en la Universidad Complutense. Según el abogado, Ruano no ha prestado declaración «en ningún momento» durante la instrucción, pese a ser, en su opinión, un «testigo natural y necesario»: como codirector, sostiene, puede explicar qué actividades se desarrollaban en la cátedra, con qué finalidad y con qué resultados.
Camacho califica de «error jurídico de primer orden» haber denegado su testimonio, y señala que hacerlo mientras se han admitido testigos propuestos por las acusaciones constituye una nueva «quiebra del principio de igualdad de armas».
Junto a Begoña Gómez, el juez Peinado también ha citado para el 9 de junio a Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres se encuentran en la recta final de una instrucción en la que el juez busca que sean juzgados por un jurado popular.
