Colombia es un país acostumbrado a la violencia. Más de 60 años de conflicto armado han dejado en muchas mentes la convicción de que la paz no es posible, aunque su Constitución la defina como «un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento». En el departamento del Cauca lo saben bien: hace apenas unas semanas, las disidencias de las FARC cometieron un atentado terrorista en una carretera que dejó 21 civiles muertos.
El ataque fue protagonizado por el grupo armado que se negó a sumarse al Acuerdo de Paz de 2016, el pacto que desmovilizó a la guerrilla de las FARC y que durante un tiempo permitió a Colombia soñar con la calma. Pero la guerra no ha terminado. Esta semana, combates entre facciones de antiguos miembros de las FARC se han saldado con al menos 50 muertos en el amazónico departamento de Guaviare, y varios soldados han resultado heridos en un ataque del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Son señales de una tendencia que se agrava.
Si las elecciones de 2018 fueron calificadas —según observadores electorales— como las más pacíficas en la historia reciente del país, las de 2026 van camino de convertirse en las más violentas. La campaña comenzó hace un año de la peor manera posible con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial del Centro Democrático, mientras pronunciaba un discurso en un parque de Bogotá. El crimen evocó los años ochenta y noventa, cuando varios aspirantes a la presidencia perdieron la vida a manos de cárteles y organizaciones paramilitares.
A lo largo de la campaña se han registrado además varios asesinatos de líderes locales vinculados a distintas candidaturas. El abogado Abelardo de la Espriella, candidato de perfil ultraconservador, ha asegurado que existe un plan para asesinarlo mediante francotiradores y ha aparecido en numerosos actos protegido por una mampara de seguridad. Paloma Valencia ha denunciado hostigamiento contra su partido y contra el expresidente Álvaro Uribe. Y el candidato progresista Iván Cepeda ha criticado abiertamente los intentos de bandas criminales por influir en la campaña.
Control del territorio, control del voto
«Los grupos armados juegan a controlar el territorio. Han pasado de impedir que se votara a fomentar la votación en el sentido que les interesa, presionando para que voten a un candidato o evitando que otro reciba sufragios», explica Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP). En su informe más reciente, el ICP alertó del riesgo que implica acudir a las urnas en numerosas zonas del país.
«Incluso en algunos barrios de ciudades capitales, la gente irá a votar con miedo, después de un repertorio de amenazas, intimidación con panfletos o mensajes de WhatsApp. En las últimas elecciones, varios drones sobrevolaron los puestos de votación: eso ya es en sí mismo una forma de amedrentar, sobre todo en territorios más vulnerables», añade Chacón.
El experto subraya además un cambio en la estrategia de los grupos armados: «Antes intentaban sabotear las elecciones. Ahora se han dado cuenta de que es mejor cooptar al Estado a través de mecanismos de presión más sutiles». El informe del ICP señala que en las elecciones al Congreso de marzo pasado, más de 300.000 votos se registraron en mesas con cifras anómalas. «Puede parecer poco, pero hace cuatro años Gustavo Petro ganó por apenas 700.000 votos. Son cifras que nos preocupan», advierte.
Un tercio de los municipios, en riesgo
La Misión de Observación Electoral (MOE), organización de la sociedad civil, documenta más de 3.100 actos de violencia política entre asesinatos, amenazas, hostigamiento y desplazamiento forzado. Un tercio de los municipios del país registra algún tipo de riesgo electoral, y en tres departamentos la alerta es extrema.
«Ha existido una eclosión importante de grupos armados que operan en el territorio, especialmente en zonas donde coinciden economías ilegales —narcotráfico, minería ilegal— y territorios en disputa», explica Diego Rubiano, coordinador del observatorio político de la MOE.
Para el general retirado de la Policía y ex vicepresidente Óscar Naranjo —uno de los funcionarios con mayor trayectoria en la lucha contra el crimen organizado en Colombia—, el momento actual tiene antecedentes conocidos: «Cuando hay elecciones, estos grupos actúan para despedir al gobierno saliente, al que siempre califican de traidor, y también para dar la bienvenida al nuevo ejecutivo mostrando su fuerza». Naranjo participó en la negociación del acuerdo con las FARC y dirigió operaciones contra cárteles, guerrillas y paramilitares.
Señala además un cambio estructural: «Si antes eran guerrillas con un componente político e insurgente, ahora estamos ante bandas que quieren ejercer una gobernanza criminal basada exclusivamente en sus economías ilegales. Sin ser políticos, ejercen la política local sometiendo a las poblaciones. Es un gran desafío no solo para Colombia, sino para toda América Latina».
Una polarización que también hace daño
Más allá de la violencia física, las organizaciones civiles advierten de otro riesgo: la polarización política. Iván Cepeda es señalado desde sectores de derecha como simpatizante de la guerrilla; desde la izquierda, a Abelardo de la Espriella se le tacha de fascista. A Paloma Valencia, algunos sectores la vinculan con el paramilitarismo por su relación con el expresidente Uribe —vínculo que ella rechaza.
«El debate político está altamente permeado por esquemas de desinformación, con narrativas que buscan generar desconfianza en el proceso electoral y normalizar los ataques e insultos entre candidaturas», explica Rubiano.
El general Naranjo va más allá: «La polarización en las calles está provocando una fragmentación social que puede llevar a Colombia a la destrucción. Lo mínimo que deberíamos pedirles a los candidatos y a los electores es que respeten la regla básica de la democracia: el respeto para asegurar la convivencia».
El recuento de este domingo dirá si el país está en condiciones de escucharlo.
